Los trabajadores aceiteros agrupados en el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario, se movilizaron durante el mediodía de este viernes frente a las puertas de la Bolsa de Comercio para pedir por pan, tierra, techo y trabajo.
Durante la actividad, Conclusión dialogó con su secretario de Prensa, Sergio Díaz, quien describió que Argentina está “complicada por la pandemia, pero ya viene complicada de hace bastante tiempo”.
Durante la charla expuso que “en un país que tiene grandes extensiones, no puede ser que no exista un pedazo de tierra para que cada uno pueda tener una casa”.
Enseguida, se refirió a la situación por la que atraviesan los trabajadores de la empresa Vicentin al asegurar que “no la están pasando bien, la incertidumbre genera situaciones de grandes angustias a nivel familiar y los algodoneros están siendo amenazados de que los van a despedir”.
“Cuando salió la alternativa de expropiar y que el gobierno iba a tomar cartas en el asunto lo apoyamos en un primer momento porque vimos que era la mejor opción para mantener los puestos de trabajo, indicó, para inmediatamente agregar: “Después apareció una propuesta del gobierno provincial que también acompañamos”.
Más adelante, describió que “la empresa “hace 11 meses que dejó de pagar” y que por ello “el mercado granario, el que entrega materia prima deja de confiar y por consiguiente se hace inviable mantener una empresa de ese tipo”.
“No sabemos por qué el gobierno dio marcha atrás, suponemos que hay presiones importantes económicas por las que ha tomado esa decisión y nosotros estamos en contra porque seguimos pensando que esa es la única solución porque esto si no va a terminar en una quiebra y eso es pérdida de puestos de trabajo”.
Al ser preguntado sobre la cantidad de trabajadores afectados, Díaz contó que los amenazados de despido “hoy por hoy son unos 200 trabajadores de Avellaneda”, pero que en el caso de consolidarse la quiebra “son alrededor de 5.000 o 6.000 personas las que quedarán sin trabajo y sin indemnización” porque el proceso judicial al que se irá tiene “tiempos geológicos, tiempos bestiales”.
“La Justicia en nuestro país es muy lenta y al ser tan lenta es injusta”, recalcó, para enseguida aclarar que si se entra en proceso de quiebra “no se sabe cuánto ni cómo van a cobrar” y que “al no intervenir los gobiernos provincial y nacional, hay sospechas de que estén vaciando más la empresa”.
