La justicia laboral ordenó a las autoridades del Gobierno porteño reincorporar a su puesto de trabajo en los hospitales Durand y Pedro de Elizalde al enfermero y delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Héctor Ortiz, quien fuera despedido por la administración capitalina en noviembre pasado.

Según se informó a través de un comunicado de prensa firmado por la conducción de ATE-Capital, la jueza nacional del trabajo Andrea Urretavizcaya admitió este lunes la medida cautelar requerida por el gremio y ordenó al Ministerio de Salud de CABA la «reinstalación precautoria de Héctor Ortiz en su puesto de trabajo en el Hospital General de Niños ‘Pedro de Elizalde’ y del de Agudos ‘Dr. Carlos G. Duran'».

La medida debe cumplirse “dentro del quinto día de serle notificado el presente pronunciamiento y bajo apercibimiento de ¨astreintes¨, que se fijan en $3.000 por día de retardo”, e incluye el pago de los salarios caídos hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Al acudir a la Justicia, ATE remarcó que Ortiz estaba amparado en la ley de Asociaciones Sindicales (n° 23.551), por ser activista sindical y delegado paritario por la Asociación Trabajadores del Estado en la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo –CyMAT-, en el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde” desde 2020, y por resultar Congresal de la Seccional Capital de la Central de Trabajadores Autónoma (CTA- A) con mandato vigente hasta 2022.

Ortiz había sido echado en el mes de noviembre pasado; su despido fue anunciado en la Resolución Oficial 4184/21.

En esa ocasión, el gremio denunció que Ortiz «fue castigado por denunciar los problemas de los trabajadores en los hospitales porteños, la falta de vacunas para quienes estuvieron en la primera línea en la lucha contra el Covid-19; la falta de insumos y elementos de protección personal, las faltas graves en la infraestructura hospitalaria, la falta de personal y los más de 3.000 despidos que está preparando el GCBA para fines del año 2021».

Por entonces, Ortiz había informado a la agencia de noticias Télam que no fue notificado de la decisión oficial y que se enteró «de la determinación por las redes sociales».

Además, el delegado de ATE también señaló que la decisión oficial trataba de frenar “las denuncias que como ATE venimos manifestando sobre otras 3.000 cesantías, entre enfermera/os, médica/os y personal de kinesiología que la ciudad de Buenos Aires tiene dispuestas a realizar a fines de que concluya el año”.