El escenario que ofrecen las paritarias de 2016 es bastante complejo y en ese cuadro de situación los gremios vinculados al transporte se encaminan desde la necesidad o el terror a concentrar fuerzas para consensuar un mismo porcentaje para recomponer salarios y potenciar la demanda en la mesa de negociación.

En un diálogo con el diario “Río Negro”, el gremialista marítimo Juan Carlos Schmid, titular de la CATT y alineado en la CGT Azopardo de Hugo Moyano, aseveró que la propuesta no puede ser menor que la discutida el año pasado.

Y precisó que el escenario “no es el de la discusión por diciembre y enero. Es por los últimos dos años, que acumularon un 50% de inflación, un porcentaje que los salarios nunca subieron”.

La CATT reúne a todos los gremios de Transporte con excepción de los Marítimos Unidos (SOMU), la Unión Ferroviaria y los taxistas de Omar Viviani, que estuvieron cerca del gobierno kirchnerista.

Schmid redactó el documento que dio a conocer el jueves la CGT, en el que se rechaza la “emergencia estadística” declarada por el gobierno y que, sostiene, imposibilita una negociación salarial con datos concretos.

“No vamos a aceptar que no haya un término de referencia. Como dijimos en el documento, se pretende que los trabajadores negocien con los ojos vendados”, dijo Schmid.

En el pronunciamiento del jueves, la CGT reiteró su voluntad de participar del “pacto social” anunciado por el gobierno y se quejó porque, hasta ahora, el Poder Ejecutivo “no convocó” a los trabajadores para conocer su opinión sobre las medidas económicas que adoptó.

Ayer, el titular de la Unión Tranviarios Automotor Roberto Fernández, coincidió con Schmid en que la paritaria deberá estar “por arriba del 30%” porque “la inflación viene subiendo constantemente” y reclamó al presidente Mauricio Macri que reciba a los trabajadores.

“Queremos reunirnos con el Presidente para ver qué camino vamos a tomar, porque si no nos sentamos en una mesa, se pone muy difícil esta situación. Nadie en el movimiento obrero queremos que el gobierno empiece mal, todo lo contrario. Pero este enero nos preocupa”, dijo Fernández.

El sindicalista apuntó contra los empresarios por el tema de los precios “que están subiendo cada vez más”, y aseguró que también están preocupados por los despidos “que no solo están sucediendo en el gobierno, sino también en las empresas privadas”.

Central de Trabajadores Argentinos

El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA), Pablo Micheli, aseguró hoy que la central reclamará aumentos salariales del 33 al 35 por ciento en las próximas negociaciones paritarias.

Micheli consideró «surrealista» la perspectiva de inflación de entre el 20 y 25 por ciento para este año y afirmó que los gremios estatales y privados administran otros índices en ese sentido.

«No se aceptará un aumento inferior a la pauta del 33 al 35 por ciento. Ese número empataría la situación del poder adquisitivo. No es viable convenir incrementos a la baja», puntualizó Micheli.

El sindicalista estatal añadió que al pretender discutir paritarias de manera «surrealista» y a partir de una inflación futura «se plantea en realidad que se acepten aumentos a la baja».

«De ninguna manera se puede convenir continuar perdiendo, porque ello ocurre desde hace ya algunos años», puntualizó el dirigente.

En ese contexto, Micheli reclamó un decreto de necesidad y urgencia que prohíba «los despidos por un año» y advirtió que si «las cesantías continúan la central obrera decidirá acciones gremiales para febrero o marzo próximo», concluyó el sindicalista

Por otra parte, Micheli, presentó un informe elaborado por el Observatoria del Derecho Social de la central donde describe la situación salarial de la administración pública durante los últimos ocho años.

«El salario de los trabajadores del sector público se ha convertido sistemáticamente en una variable de ajuste», denunciaron. Desde el Observatoria se analizó la evolución de los salarios de convenio en el sector público entre los años 2007 y 2015.

Según indicaron, el informe da cuenta de una caída del 15% en términos reales en el caso del Salario Mínimo Docente y de un 18% en el caso de los básicos de convenio correspondientes a la Administración Pública Nacional.