El plenario nacional de secretarios generales de la Asociación Bancaria (AB) ratificó hoy la Marcha Federal del sector del jueves en demanda de varias reivindicaciones; decidió el estado de «movilización»; facultó al Secretariado a adoptar medidas de fuerza y reiteró la necesidad de promover «un paro general convocado por la reunificada CGT».
Las delegaciones bancarias de todo el país se concentrarán desde las 11 del jueves en la intersección de Reconquista y Sarmiento, desde donde marcharán por las calles de la city porteña y, en determinado lugar, hablará el titular del gremio, Sergio Palazzo.
Un documento del plenario encabezado por Palazzo y titulado «No vamos a retroceder» -aprobado de forma unánime- exigió «el cese de los despidos o distracto laboral sin causa justa; la declaración de la emergencia ocupacional y social; la inmediata reapertura de paritarias; la derogación del impuesto a las ganancias y una reforma tributaria para que aquellos que más ganan, más paguen».
«A la campaña se sumará la exigencia de revisión por el Congreso de la gestión del Central y de la reestatización de la gestión del Hipotecario», reseñó el duro documento de la organización gremial, según informó el secretario nacional de Prensa, Eduardo Berrozpe.
El documento de los dirigentes nacionales indicó que «el brutal ajuste y liberalización de la economía impulsados por el gobierno- rebaja de impuestos a quienes más ganan, devaluación, apertura de las importaciones, despidos, tarifazos-; el alza descontrolada de precios; la pérdida del poder adquisitivo salarial y de las jubilaciones y el tributo a ganancias llevan a un mercado interno en recesión, caída de la producción y de la recaudación fiscal».
También aseveraron que la gestión «se sostiene cobrando más impuestos a los trabajadores y con endeudamiento externo, mientras en paralelo hay constante fuga de capitales.
«Los banqueros ganan especulando. Los bancarios y la inmensa mayoría de argentinos pierden. El buen acuerdo salarial de abril pierde frente a precios y el impuesto al trabajo. El gobierno adelantó que continuará incumpliendo la promesa de derogarlo y que los cambios que proyecta en 2017 nos perjudicarán, ya que estarán un 60/70 por ciento por debajo de la inflación acumulada. La desregulación del Central afecta a miles de puestos laborales. En ese sentido, el documento explicó que esos canales son operados por trabajadores que, muchas veces, «no son reconocidos como tales (servicios financieros ofrecidos por internet, farmacias, supermercados, estaciones de servicio y redes comerciales)».
«Ese proceso de desregulación del sistema elimina también elementales controles, coherente con su orientación especulativa; compromete su seguridad y aumenta el riesgo general. Abre la puerta al delito, al fraude y al lavado de dinero. Más tarde o más temprano sobrevendrán quebrantos», concluyó el documento.
