La Corte Suprema de la Nación levantó la feria judicial extraordinaria para todos los tribunales nacionales y federales -manteniendo la restricción de funcionamiento para los juzgados de primera instancia – desde este próximo 27 de julio, y los gremios se mostraron en contra de la medida.
En efecto, esta decisión de los magistrados tuvo rápida respuesta de los trabajadores judiciales nucleados en Sitraju (Sindicato de Trabajadores Judiciales), que dejaron claro, a través del secretario general, Agustín Bruera, que “si el Poder Judicial funcionó durante la cuarentena, fue por el compromiso de los trabajadores” y aseguraron que “esa contracción a la función colisiona con la actitud de la Corte Suprema que, en la práctica, conspira contra el funcionamiento del sistema judicial y la eficaz prestación del servicio de Justicia”.
Asimismo, aseguran que en esta acordada del pasado lunes 20, se dispuso el regreso para este 27 “sin prever las condiciones en las que habrán de abrirse nuevamente las oficinas”.
“Desgraciadamente, la decisión parece más un mensaje de oposición política al gobierno nacional que una decisión madura y responsable de uno de los tres poderes de la República”, consideró el dirigente gremial.
En efecto, para el Sitraju la medida “contradice todas las acordadas anteriores, y transfiere a cada Cámara la responsabilidad que le compete a la Corte como máxima cabeza del Poder Judicial y administradora de sus recursos económicos”.
“Algo similar resolvieron las autoridades de la PGN y la DGN: se alinean con el levantamiento de la feria y, si bien dictan un criterio general favorable al trabajo remoto, otorgan facultades de superintendencia a cada magistrado o titular de las dependencias”, explicaron desde el sindicato judicial.
Por lo pronto, la queja del Sitraju también reside en que se creado una mesa mixta –hace dos meses– y “ nunca se la convocó”, expresó Bruera.
Dicha mesa dispuesta por el Consejo de la Magistratura de la Nación, “debía definir un plan estratégico, con estrictos protocolos de cuidado sanitario y, esencialmente, realizar las obras de infraestructura necesarias”, agregó.
Por el contrario, “la Acordada insta a resolver en forma unilateral y en sólo una semana lo que no se definió en 120 días de cuarentena”, señalaron del Sitraju, recordando que los trabajadores hicieron su aporte. “Hace más de dos meses pusimos a consideración de la CSJN, el CMN y los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa, un protocolo para el cuidado sanitario en los lugares de trabajo. No obtuvimos respuesta alguna”, apuntaron.
Por ultimó, desde el gremio judicial indicaron que los judiciales quieren “trabajar en condiciones seguras” para ellos y para “la ciudadanía, que debe tener garantizado el acceso a la justicia”.
“Sin medidas de cuidado, sin ejecución de recursos para prevención, sin políticas sanitarias tomadas por todos los organismos, complementarias una de las otras, y no por cada uno, reabrir los tribunales es una invitación al suicidio”, completaron.
