La empresa Garbarino, que desde hace meses atraviesa una crisis por la cual ha despedido a un importante número de trabajadores, volvió a enviar telegramas de despido a empleados de varias sucursales del país, entre ellas Rosario. También se mandaron cartas documento en Capital Federal, San Luis capital, Lomas de Zamora (Buenos Aires) y otras ciudades.
La firma pretende justificar el cese de la relación laboral a causa de las dificultades que atraviesa, y además viola los decretos de necesidad y urgencia del Ejecutivo nacional que estipulan la prohibición de despidos por las bajas de ingresos a causa de la pandemia.
«Esta empresa ha registrado una abrupta caída de las ventas que empezó a manifestarse a partir de la crisis generada por la pandemia de Covid-19», se detalla en uno de los telegramas de despido.
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En tal sentido, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) solicitó al Ministerio de Trabajo de la Nación la conciliación obligatoria, al tiempo que llamó a sus afiliados a no reconocer los despidos por ilegales y sin justificativos.
«Se están produciendo despidos en el país vulnerando la expresa disposición del DNU 329/2020, el cual en miras a la protección de las fuentes de trabajo y respetando nuestra Constitución Nacional vedaba dicha causal a los empleadores», comunicó el gremio a nivel nacional.
«Destacamos que cada trabajador rechace la carta documento de despido por ser la causal invocada falaz, atento a que el empleado es ajeno al riesgo empresario, asimismo la situación de la empresa no fue llevada de forma diligente», remarcó la federación.
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Es así como en la tarde de este viernes, la cartera laboral dictó la conciliación obligatoria por un período hábil de quince días. Por lo tanto, la Faecys y a Garbarino deberán acudir a una nueva audiencia de conciliación en procura de superar el conflicto el próximo miércoles 17.
La directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Gabriela Marcello, intimó a los directivos de Garbarino a retrotraer la situación de conflicto existente a partir de «los despidos denunciados» por el sindicato, y le ordenó otorgar tareas «normales y habituales» a la totalidad del personal de la compañía. También se intimó a la entidad sindical a dejar sin efecto las medidas de acción directa aplicadas o a implementar.
Marcello ordenó a los empresarios que extremen todas las medidas de higiene y seguridad para preservar la salud psicofísica de los trabajadores y que garanticen el desarrollo de la actividad en condiciones adecuadas de salubridad, por lo que la firma deberá cumplir «las normativas, protocolos y/o cualquier otro instrumento» oficial.
La funcionaria exhortó a sindicalistas y empresarios a mantener «la mejor predisposición y apertura para negociar los temas sobre los cuales mantienen diferencias a fin de contribuir de esa manera a la paz social y al mejoramiento del contexto de las relaciones laborales», según señaló el acta de esa cartera de Estado.
Varios meses de conflicto
La firma cuenta con cerca de 200 locales en todo el país con unos 3.800 trabajadores en la actualidad, de los cuales 56 se desempeñan en Rosario.
La empresa cerró sus puertas a partir de julio, pero desde hace varios meses se encontraba en conflicto por falta de pago a sus trabajadores.
