Con bombos y platillos el Gobierno informó a fines del año pasado un acuerdo con la CGT por medio del cual se estipulaba un dispositivo para contener las cesantías y un bono de fin de año. Eso desactivó la amenaza de huelga que por entonces la central obrera había lanzado.
En la práctica, se trataba de un DNU que establecía hasta el 31 de marzo de 2019 «un procedimiento por el cual los empleadores, antes de disponer despidos sin justa causa, deban comunicar de manera fehaciente la decisión al Ministerio de Producción y Trabajo con una anticipación de 10 días hábiles para hacerla efectiva». El fin era «regular los efectos negativos que distintas situaciones provoquen en los niveles de empleo».
«El Ministerio tiene la potestad de convocar a las partes y tratar de solucionar conflictos», decían por entonces las fuentes oficiales.
Según el DNU, el Ministerio «de oficio o a petición de parte, podrá convocar al empleador y al trabajador junto con la asistencia gremial pertinente». Se estipulaban audiencias para «considerar las condiciones en que se llevará a cabo la futura extinción».
Sin embargo, en medio de un mercado laboral que aparece todavía más endeble que a fines del año pasado, el decreto venció y el presidente Macri resolvió no renovarlo. Hace 18 días que se espera la publicación de su continuidad y no ocurrió. Y ya se cree que no va a ocurrir.
La decisión del Gobierno llega días antes de la huelga general del sindicalismo opositor pautada para el 30 de abril y expone a la CGT por la fragilidad de sus conquistas frente a Cambiemos.
Fuente: Infogremiales.com.ar
