Los empresarios gastronómicos de la ciudad y la Municipalidad de Rosario se encuentran reunidos en la Asociación Empresaria para definir cómo será el futuro de la actividad en esa zona de la geografía rosarina.
La reunión se da luego de que desde el sector de trabajadores gastronómicos y los empresarios de zona repudiaran la cautelar judicial que prohíbe nuevos comercios en Pichincha.
Antes de ingresar al encuentro pactado, Carlos Mellado de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Rosario habló con Conclusión y admitió estar preocupado por la cautelar emitida por el Poder Judicial. «Esta situación te pone en alerta porque es una intromisión del Poder Judicial, y eso es preocupante desde el punto de vista del desarrollo de la ciudad. Debemos tener seguridad jurídica, cualquier país e inversor la necesitan», señaló.
Además se mostró en alerta ante la posibilidad de que los locales gastronómicos puedan llegar a sufrir multas y clausuras, porque «si un comercio es clausurado, estamos hablando de 20 a 30 días en los que el emprendedor queda fuera del ring, lo que es un perjuicio muy grande».
Por su parte, el titular de la Asociación Empresaria de Rosario y representante de Came, Ricardo Diab, también manifestó su preocupación en conversación con Conclusión y dijo que les preocupa «el antecedente que puede fijar esta cautelar que redirige la libre posibilidad de trabajar aduciendo que un minúsculo grupo no está conforme».
«Eso es lo que nos preocupa -continuó-, sin emitir juicio de valor sobre quién tiene menos razón o más razones entre los vecinos que se sienten afectados y los empresarios que no cumplen con el reglamento».
«Lo fundamental, que nos preocupa específicamente, es que con una cautelar se pueda impedir el derecho a trabajar a quienes quieran hacerlo de forma legal», reiteró Diab.
Durante la mañana, el secretario general del gremio Gastronómicos de Rosario, Sergio Ricupero, dialogó con Conclusión y explicó que ya han dado su opinión y apoyo «en este caso, a toda la parte empresaria, porque creemos que esto es una barbaridad».
Para el gremio pueden entrar en riesgo 2.500 puestos laborales directos actuales en la zona de Pichincha, sumando a unos 1.500 indirectos. «Esta cautelar es una bomba de tiempo que puede dejar mucha gente sin trabajo», alertó Ricupero, al mismo tiempo que expresó entender el reclamo de los vecinos afectados.
«Se deben llevar a cabo los controles adecuados y necesarios en la zona», dijo Ricupero en relación al accionar del Ejecutivo Municipal.
«No pongamos en juego puestos de trabajo porque quien pierde hoy su fuente laboral después se hace muy difícil reinsertarse con las variables económicas tan nefastas que sufre el país», concluyó el gremialista.
