Los trabajadores despedidos de Electrolux se hicieron presentes en las puertas de la planta junto a personalidades sindicales y de derechos humanos para exigirle a la empresa que acate el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones y los reincorpore a sus puestos de trabajo. Aún así, la multinacional incrementó la seguridad privada en el lugar y les negó el ingreso a los trabajadores.

Tras meses de pelea, la semana pasada la Cámara Nacional de Apelaciones ratificó la cautelar que exige la reinstalación de 7 trabajadores despedidos de Electrolux obtenida en Primera Instancia. Esta resolución fue firmada por los jueces Graciela Craig y Carlos Pose.

Hasta el momento la multinacional sueca se negó a cumplir con los dictámenes de la justicia, que le vienen dando la razón a los trabajadores cuando denuncian que los despidos son ilegales.

Por esta razón, los despedidos concentraron esta mañana en la puerta de la plata de Battle y Ordóñez al 3436 y, junto a referentes de derechos humanos y dirigentes sindicales intentaron conseguir una respuesta positiva de parte de la empresa para poder volver a trabajar. Esto no sucedió, ya que al llegar al lugar los trabajadores encontraron un fuerte dispositivo de seguridad privada que les privó la entrada.

«Salió el fallo de cámara ratificando todo lo que dijeron los jueces de primera instancia. Falló a favor nuestro, no es para nada menor. Venimos a la puerta a presionar para que la empresa cumpla con la orden judicial y las leyes. No puede seguir en la ilegalidad, queremos volver a nuestros puestos de trabajo», expresó Lucas Tondo, uno de los despedidos por Electrolux, en dialogo con Conclusión.

Tondo contó en conversación con este medio que los abogados de la empresa tuvieron un contacto con ellos para preguntarles qué es lo que querían y que su respuesta no dejó lugar a dudas. «Fuimos muy claros diciéndoles que queríamos volver a trabajar. Estamos acá por eso. Vamos a hacer todo lo que sea necesario para volver a nuestro puesto de trabajo», explicó.

Los trabajadores también exigen el acompañamiento del gobierno provincial, tanto del actual como del entrante, para que «tome cartas en el asunto». «No puede ser que una empresa haga literalmente lo que quiera con las leyes y lo que dicen los jueces mientras del otro lado estamos quedando familias en la calle. Venimos de seis meses realmente durísimos, peleando con todo lo que nos ponga en frente por el simple hecho de recuperar nuestros puestos de trabajo, sabiendo que nuestros despidos son ilegales y persecutorios», enfatizó.

Por otra parte, Tondo indicó a Conclusión que no se sienten apoyados por la Unión Obrera Metalúrgica local. «Junto con el actual gobierno provincial y el entrante, también le venimos a exigir a la UOM que debería reubicarse, acompañar lo que dice la Justicia, que es un reclamo por recuperar los puestos de trabajo».