Las autoridades del Sindicato de Peones de Taxis (SPT) de Rosario se reunieron con funcionarios de la Municipalidad para proponerles que se fiscalicen los recibos de sueldo de los trabajadores del sector en el Centro de Inspección Técnica de Automotores (CITA).
Con el objetivo de atacar la “informalidad laboral”, los representantes de los choferes apuntaron al corazón de la principal problemática de la actividad que fue expuesta ante la secretaria de Control y Convivencia Municipal, Carolina Labayru y el director de Fiscalización de Transporte de Rosario, Claudio Rosa.
Desde el gremio se viene elevando el proyecto que involucra a las áreas de Servicios Públicos del Municipio y al Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, con la expectativa de que este último encuentro represente la puesta en marcha de la iniciativa.
Según expone el gremio, “en Rosario hay unos cuatro mil choferes taxistas en la actualidad de los cuales solo el 20 % está anotado por 8 horas, el 50 % está registrado por solo 4 horas y el 30 % restante está como cubre franco”.
“Estos números dejan en claro la inconsistencia de toda política oficial dirigida a terminar la irregularidad e ilegalidad laboral y la desprotección de los/las trabajadores/as del rubro, muchas veces sin obra social y sin respuesta de las ART. En ese sentido, más del 60 por ciento de trabajadores está mal anotado”, baraja el SPT.
Los dirigentes del gremio de choferes taxistas calificaron este nuevo acercamiento con los funcionarios municipales como un «primer gran paso» para inaugurar ese dispositivo de detección de trabajo en negro y evasión de parte de los titulares.
Tal como explicó el secretario General del SPT, Horacio Yanotti, el punto fuerte de asignarle al Centro de Inspección Técnica de Automotores esta nueva función de fiscalización “es que se tornaría ineludible para los titulares de licencias, ya que sería un requisito para efectuar la desinfección del vehículo y llevarse completa la inspección técnica”.
Para la conducción del Sindicato de Peones de Taxis resulta inaceptable esta vulneración de derechos de los trabajadores y trabajadoras de este servicio público, sin embargo valora muy positivamente la voluntad política de recoger este pedido.
“La coordinación entre la autoridad competente para autorizar y renovar licencias de taxis (Municipio) y la cartera de Trabajo provincial -con la presencia de algunos funcionarios especializados en el galpón de Servicios Públicos- permitirá erradicar definitivamente las omisiones de los derechos laborales y los abusos contra los y las choferes de taxis”, concluyeron desde el gremio.
