Dos proyectos de reducción de horas de trabajo, presentados por diputados de origen sindical, buscan que con ello la producción pueda ser redistribuida y generar así una mayor cantidad de puestos de trabajo.
En tal sentido, el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, recogió el guante por estos días y puso en la consideración pública sus expectativas sobre la posibilidad de que esto finalmente pueda concretarse.
La profunda crisis económica por la que atraviesa Argentina obliga a quienes estén en condiciones de hacerlo, a buscar nuevas formas para recuperar el trabajo y ello se vio reflejado en ambas propuestas.
Por un lado, la legisladora nacional y secretaria de Derechos Humanos, Género e igualdad de La Bancaria, Claudia Ormaechea, propuso que la jornada laboral sea de seis horas diarias o treinta y seis semanales, tanto en el ámbito público como privado.
Por ello, Ormaechea explicó que «Argentina es uno de los países del mundo que tiene de las jornadas laborales más extensas. La productividad no está íntimamente relacionada con la extensión de la jornada de trabajo. Debemos readecuar las relaciones laborales de manera que esto se vuelva un beneficio para todos, pero sobre todo para cuidar la salud, la vida, la dignidad y los puestos de trabajo»
Más adelante, la legisladora le dijo a iProfesional que “el proyecto tiene que ver con cuidar no solo los derechos de los trabajadores, sino también los puestos de trabajo».
«El avance de la tecnología es muy rápido y modifica las formas del trabajo, no puede ser que esté nada más que al servicio de las empresas y los empresarios. Son producto del trabajo de la gente y tienen que volverse en beneficio de los trabajadores», agregó.
Así continuó: «Partimos de la premisa que el derecho del trabajo no crea trabajo, pero el derecho del trabajo con la modulación de la jornada permite su redistribución. La reducción de jornadas sin reducción de salarios, manteniendo los niveles salariales porque ya los salarios en la Argentina perdieron, en el período 2016/2019 según las mediciones Indec o el Indec de la Cámara de Diputados, entre un 26,4 y un 31,4% del poder adquisitivo».
En tanto, el proyecto de Yasky tiene fecha de ingreso en 2020 y propone que
«la duración del trabajo no podrá exceder de ocho horas diarias o cuarenta horas semanales para toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas, aunque no persigan fines de lucro».
