Ante la situación de violencia que vive la ciudad, más de un centenar de docentes de varias facultades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) pedirán al Consejo Superior que, de manera urgente, se expida públicamente expresando clara solidaridad con los fiscales del MPA y la justicia santafesina en general.
«La situación de estos jueces y fiscales en nuestra provincia es difícil. Frente a ellos se alza no solo las amenaza de la muerte propia y ajena y los atentados instrumentados por las bandas de delincuentes locales, sino, como denunciamos, la embestida contra el poder judicial de un sector político santafesino encabezado en esta ocasión por ciertos senadores que ven peligrar oscuros privilegios», plantean los docentes universitarios en una carta pública que será entregada la semana próxima al rector Franco Bartolacci.
«Cualquiera sea la consideración que merezcan las instituciones santafesinas, el gobierno y sus autoridades, lo cierto es que por primera vez en décadas la justicia de la provincia, representada por algunos fiscales del MPA, ha desarrollado una política de investigación y persecución decidida del crimen organizado y de sus vínculos con sectores de la política y con el poder económico local y regional», indicaron los docentes en la carta.
Tras denunciar «la embestida contra el poder judicial de un sector político santafesino encabezado en esta ocasión por ciertos senadores que ven peligrar oscuros privilegios», señalaron que «mucho más serio todavía es que la soledad de los fiscales (algunos de ellos docentes de nuestra UNR) se acentúa en estas circunstancias habida cuenta del silencio de un amplio grupo de legisladores santafesinos quienes por acción u omisión favorecen esa situación, empeñados en no tomar partido por el imperio de la justicia y de sus instituciones».
Además, subrayaron que «en los hechos nos encontramos frente a un grupo político conformado por legisladores de distintos partidos que por una u otra razón obstaculizan el combate contra el delito que transcurre a través de grandes asociaciones ilícitas. Mientras tanto, en las calles la violencia aumenta y la imagen de la política -en el mejor y más antiguo de sus sentidos, referido a la indispensable mediación de la convivencia social- pierde el prestigio que se merece frente a la opinión pública».
«El objetivo final deberá ser el de apoyar la decisión de convocar a toda la ciudadanía y las instituciones provinciales a asumir las responsabilidades y las acciones que la coyuntura imponen, contra la impunidad que hasta el momento ha venido gozando un senador, sospechado de delitos sobre los que la justicia debería dictaminar. Sólo la transparencia salvará la política santafesina y eliminará niveles de violencia que no podemos naturalizar en nuestra ciudad», concluyeron.
Firmas:
Martín Prieto, Jorge Kilstein, Juan José Giani, Roberto Retamoso, Alejandro Moreira, Marisa Germain, Marcela Ternavasio, Roberto Rivarola, Rubén Chababo, Osvaldo Iazzetta, Alejandro Oliva, Cecilia Guerra, Oscar Sgrazzutti, Enrique Scheinfeld, Marta Sagristá, Susana Tealdi, Anahí Fernandez, María Cristina Pérez, Silvana Carozzi, María Soledad Nívoli, Juan Ritvo, Beatriz Davilo, Solange Delannoy, José Giavedoni, Juan Carlos Cura, Gabriel Tabares, Beatriz Porcel, José Mangiaterra, Marcos Urcola, Pablo Barberis, Cristina Díaz, Adriana Chiroleu, Silvina Gibbons, Estela Pérez Moncunill, Agustina Prieto, Fernando Re, Héctor Piccoli….. (siguen las firmas)
