La Justicia de Rosario imputó penalmente a cuatro camioneros por “haber turbado la posesión de las empresas Razzini Materiales y Razzini Industrial S.R.L.”, según consta en el expediente, y que “la misma tuvo lugar desde el día 8 de junio de 2020 y se extendió aproximadamente hasta el 29 de junio del mismo año”.
Además, también pesa otra imputación sobre dos de ellos, la de “amenazas simples”, por los hechos ocurridos en conflicto mencionado.
Según se describe, “se realizaron una serie de hechos de amedrentamiento y actos de fuerza contraviniendo la voluntad de los titulares de la empresa, impidiendo el funcionamiento de la misma, como por ejemplo el ingreso y egreso de los fletes a los fines de la carga y descarga de materiales”.
Marcelo O., Damián B., Gustavo C., y Víctor K., son las personas vinculadas al Sindicato de Camioneros que conduce en Santa Fe Sergio Aladio, quien se opone a la conducción nacional de Hugo Moyano.
Por su parte, desde el Sindicato de Choferes de Camiones que lidera Juan Chulich, salieron a despegarse de la situación: “Desde la conducción de nuestro sindicato queremos aclarar que la imputación judicial a dirigentes gremiales camioneros nada tiene que ver ni con nuestro espacio, ni con nuestras formas, ni con nuestra manera de entender la práctica gremial”.
“Tanto nuestro Secretario General Juan Chulich como el Secretario de la Federación, Hugo Antonio Moyano, no tienen ningún tipo de vinculación con esta causa”, aclararon.
Dado que el hecho también fue abordado desde el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe y tras dos audiencias de conciliación en las que no hubo acuerdo, las actuaciones fueron archivadas.
En su momento, la directora de la Regional Rosario de la cartera laboral, Rita Colli, expresó que a pesar del desacuerdo “ambas partes solicitaron el archivo de las situaciones”.
En su momento, Aladio había dicho al respecto de la situación con la empresa: “Nosotros lo que estamos tratando es, primero, de equiparar los sueldos con el resto de las empresas que pagan lo que tienen que pagar. Y después, un reconocimiento real a esos trabajadores por la función que cumplen”.
