Paro nacional. La Federación Aceitera decretó desde ayer por la tardecita una medida de fuerza en todo el país, por tiempo indeterminado, por el despido del secretario general de La Rioja, Alfredo Irazoque.

La determinación influye y mucho en la región. Así, Daniel Yofra, secretario de la Federación de Aceiteros, dijo que la medida es «en solidaridad con los compañeros de La Rioja, por eso se decidió realizar un paro a nivel nacional no sólo para que reincorporen al compañero sino para que haya libertad sindical», contó por LT3.

Además de solicitar la inmediata reincorporación de Irazoque, la medida es en repudio de la respuesta represiva a la huelga que sostienen los obreros aceiteros en la empresa AIMURAI SA en la localidad de Vichigasta, en La Rioja.

«Mientras no se le da respuesta alguna al conflicto colectivo, ni desde la Secretaría de Trabajo provincial, ni de parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, el único poder del Estado que está actuando es el represivo», señalaron los aceiteros desde la Federación.

Desde la entidad gremial informaron que el gobierno de la provincia de La Rioja ha enviado a personal policial, con efectivos de la guardia de infantería, a intimar a los trabajadores que se encuentran ejerciendo su legítimo derecho de huelga ante la planta de la empresa, reclamando por la inmediata reincorporación de Alfredo Irazoque, secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Aceiteros de la provincia de la Rioja.

Según informó la Federación de Aceiteros, la empresa AIMURAI SA «despidió de forma discriminatoria y antisindical» a Irazoque al día siguiente de la conformación del Sindicato de Aceiteros de la Rioja, fundado el 27 de marzo de 2015. «Nuestra Federación se ha presentado ante las autoridades administrativas competentes, las cuales no se han hecho cargo de su responsabilidad, pretendiendo desconocer el carácter colectivo del conflicto», esgrime un comunicado. Y agrega: «AIMURAI SA despide trabajadores para amedrentarlos y poder seguir pagando salarios bajísimos, para no aplicar el Convenio Colectivo de Trabajo 420/05 de los obreros aceiteros que es el que corresponde; y el gobierno de la provincia de La Rioja la apaña, la encubre y responde con represión», se quejó Daniel Yofra.

«Lo que se presentaba en un primer momento como un problema puntual de una empresa autoritaria, se revela como algo mucho más profundo: la voluntad política de impedir la aplicación en el territorio provincial riojano del Convenio Aceitero. Es un ataque a la política del Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo; y una provocación en medio de la conciliación obligatoria que rige en torno a la negociación por la paritaria salarial”, agregó.