El Gobierno anunció un salvataje a las obras sociales sindicales ante la caída de aportes de afiliados por la parálisis de la actividad económica derivada de la cuarentena. Pero al parecer se trata de fondos que ya le debían a los gremios.
La resolución 941 del Ministerio le ordenó a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) brindar un apoyo financiero a las prestadoras gremiales equivalente a la diferencia entre lo recaudado en febrero (el último mes de actividad plena antes de la cuarentena) y en marzo, cuando la economía se interrumpió en gran medida desde el día 19. De una recaudación promedio de casi 30.000 millones de pesos en un mes con plena actividad en la CGT calcularon que en marzo hubo una caída global de 4,5% en todo el sistema de obras sociales.
En función de esa merma se estimó que la SSS destinará $ 1.250 millones sólo a las prestadoras que hubiesen verificado una caída en la recaudación. La inquietud en la central obrera es que el instrumento utilizado es el Fondo de Emergencia que creó un decreto de necesidad y urgencia de Mauricio Macri, el 908 de 2016, que arrancó ese año con $4.500 millones y que en la actualidad supera los 9 mil millones. González García, en una teleconferencia con la CGT semanas atrás, había prometido un DNU que estableciera un mecanismo automático de compensación para todas las obras sociales pero de manera directa a través de AFIP, sin apelar al fondo de emergencia.
La mirada se trasladó ahora a la recaudación de abril, un período de cuarentena plena, que arrojó un resultado más preocupante: la pérdida contra un ejercicio regular superó el 50%, es decir más de 15 mil millones de pesos. Los técnicos de la CGT razonaron que si el Gobierno vuelve a echar mano del fondo de emergencia los recursos no alcanzarán para compensar las pérdidas. El DNU que había prometido el ministro tenía, en principio, un alcance previsto para las recaudaciones de abril, mayo y junio, medidas a mes vencido.
La falta de definiciones en ese aspecto reavivó la desconfianza de la dirigencia tradicional hacia González García que arrancó junto con el mandato de Alberto Fernández, cuando el ministro la desairó al nombrar al frente de la SSS a un técnico de su confianza, Eugenio Zanarini, y relegó a un cargo por debajo al candidato de la CGT, David Aruachan.
