En la mañana de este miércoles comezó el plan de lucha nacional dispuesto por el gremio que agrupa a los trabajadores del Estado. Desde el sector anunciaron que en el trascurso del fin de semana extra largo despidieron a más de 11.000 trabajadores. Las protestas, que se realizan en forma simultánea entodo el país, incluyen el ingreso masivo de los trabajadores cesanteados a sus lugares de trabajo, un cese total de actividades y movilizaciones. Ante este anuncio, el Gobierno dispuso una fuerte custodia especial en todos los edificios públicos.

Ante el anuncio de la protesta, el Gobierno prácticamente militarizó las diferentes dependencias públicas donde se desplegarán los trabajadores: Servicio Meteorológico Nacional, el Conicet, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, la Cancillería y el ex Ministerio de Ciencia y Tecnología son algunas de las instituciones que este miércoles amanecieron con una fuerte presencia de efectivos policiales y fuerzas federales como Gendarmería o Prefectura.

Bajo este alarmante panorama, el titular de ATE nacional Rodolfo Aguiar, líder manifestó que van a ejercer derechos constitucionales. “Huelga, peticionar una reunión y libertad de expresión”.

La situación podría complejizarse y escalar en tensión ya que el presidente Javier Milei advirtió que “no va a dejar pasar” la toma de edificios y Aguiar lo hizo responsable por las consecuencias en caso de haber represión. “Delito no es lo que vamos a hacer, delito es gobernar a espaldas del Congreso, contrariamente a la Constitución nacional y perjudicando al pueblo”, contestó el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Aguiar también denunció que el presidente Javier Milei podría “terminar preso” a raíz de esta situación. «Suprimir derechos fundamentales de las personas es una conducta tipificada en nuestro Código Penal. Vulnerar la garantía de estabilidad prevista en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional decenas de miles de veces a su vez provoca la supresión de otros derechos fundamentales que tiene toda la sociedad. Y nuestro Código Penal en su artículo 226 da penas de entre 5 y 15 años a quienes impidan el libre ejercicio de las facultades constitucionales».

Aviso de represión y denuncias

Ante el plan de lucha anunciado por ATE, desde el Gobierno nacional advirtieron que monitorearán el accionar de los trabajadores. Al respecto, anticiparon que ante la toma de oficinas, la Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería, con jurisdicción para intervenir, no dudarán en reprimir y se realizarán denuncias penales.

El ministro de Defensa, Luis Petri, advirtió que los trabajadores que ocupen oficinas a pesar de sus despidos serán denunciados penalmente. “Los que intenten tomar edificios públicos van a ser denunciados penalmente y los vamos a llevar hasta las últimas consecuencias”, remarcó.

Por la mañana, efectivos de la Policía Federal, Prefectura y la Gendarmería rodean los ministerios y edificios públicos. A pesar de la directiva, en Casa Rosada no se observa un refuerzo de seguridad a la habitual.