Una agrupación constituida por economistas y empresarios, conocida como ConstiTuya, presentó un plan de 20 medidas que apuntan a “reestructurar” empresas.

En este contexto, y con la declamación de “evitar pérdidas masivas de empleos, quiebres y cierres”, proponen reformas fiscales y también cambios en la legislación laboral.

Precisamente, en el apartado de “medidas complementarias”, el grupo apunta a una flexibilización, la cual prevé la posibilidad de suspender los convenios colectivos de trabajo.

Allí se solicita que las empresas puedan rebajar sueldos, concretar suspensiones y despidos de empleados, en tanto dure el proceso de los Acuerdos Preventivos Extrajudiciales (APE) o convocatoria de acreedores, algo que la normativa argentina actualmente no permite.

Según el razonamiento de estos economistas y empresarios, despidiendo y bajando sueldos se puede salvar el resto de los empleos.

Se trata de una visión que siempre fue rechazado por el mundo sindical y que tampoco funcionó en la práctica.

En esta línea, también consideraron importante la eliminación de la doble indemnización cuando se realice la apertura de un concurso preventivo, dejando sin efecto la aplicación de los convenios colectivos vigentes.