A cinco años del hecho, exigen esclarecer el envenenamiento de un gremialista de Luz y Fuerza en Atucha

En ocasión de recordarse que el 9 de abril de 2017 murió por envenenamiento el dirigente gremial Damián Straschenco, desde el Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate exigieron que se esclarezca el hecho mientras manifestaron que los integrantes de esa organización gremial “fueron y son objeto de una persecución política judicial en cabeza del Juez Federal de Campana, Adrián González Charvay”.

A través de un comunicado, el Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate continúa denunciando “la persecución política, judicial y mediática” a la que se ve sometido.

“Damián fue envenenado con material radiactivo en su lugar de trabajo, el complejo nuclear Atucha. Se trató de un hecho sin precedentes en la actividad nuclear de nuestro país que tuvo repercusión nacional e internacional” detalla.

Más adelante, la organización sindical recuerda que “el 9 de mayo de 2017, consumió en una ingesta siete veces la dosis tolerada en un año para un trabajador de zona radiológicamente controlada. El agua pesada contaminada del reactor había sido colocada en su botella personal de hidratación”.

“Posteriormente nuestro compañero fue despedido e imputado por su propio envenenamiento con la ridícula acusación de sabotaje. Es decir, de atentar contra la empresa y el plan nuclear poniendo en riesgo la seguridad y el desarrollo de la industria nacional. Algo que contrasta con la medida de fuerza encabezada por el propio sindicato días antes del ataque a su vida, precisamente en defensa de los derechos laborales y el plan nuclear”, aclara.

Más adelante, la nota puntualiza: “Este hecho se dio en un contexto donde la política de Estado era la criminalización de la protesta y la persecución de dirigentes que se oponían a los ajustes y flexibilización que se pretendía imponer. Hoy sabemos de la ‘Gestapo Macrista’, que funcionó en sintonía al sector corrupto del Poder Judicial y medios hegemónicos que condenaban mediáticamente justificando las acciones de persecución”.

Con respecto al juez González Charvay, Luz y Fuerza de Zárate añade que el magistrado es “quien desde el inicio solo tomó la hipótesis empresaria, sin escuchar a las víctimas, haciéndoles escuchas telefónicas y allanando posteriormente sus domicilios”.

“Actualmente, el juez cerró la etapa investigativa y pretende junto con la empresa estatal llevar a juicio a Straschenco. Esto pese a que quien quiso ser sindicado como el proveedor del material radiactivo, nuestro tesorero Ramón Almirón, fue sobreseído quedando claro que no tuvo nada que ver con las acciones se le endilgaron”, especificaron.

Así, el sindicato subrayó que “aún no se sabe quién sacó el material nuclear y lo colocó en la botella personal de Straschenco.  Nadie sabe cómo salió material radiactivo de la zona controlada.  La única hipótesis tomada por Charvay, la del de autoenvenenamiento, surgida de los funcionarios de NASA es de una parcialidad manifiesta y sin prueba alguna”.

“Hoy la injusticia se proyecta también dentro de la empresa propiedad del Estado, que después de 5 años sigue impidiendo a Almirón y a Gustavo Carriego –quien solo fue testigo en la causa-, ingresar a la planta a realizar su labor y tareas gremiales”.

Tras aclarar que “a 5 años del envenenamiento en Atucha hay un asesino suelto”, desde Luz y Fuerza exigen “el esclarecimiento de los hechos ocurrido el 9 de mayo del 2017 y el castigo a los responsables del envenenamiento” del dirigente sindical, “como así también la reincorporación inmediata de los dirigentes a sus puestos de trabajo y el cese de la discriminación y persecución”.