La decisión tiene un fuerte peso político porque representa la reapertura de la billetera del Ejecutivo nacional para la ejecución de obra pública, después de meses de recortes que fueron en sentido contrario.
El empresario de la Construcción indicó que se necesita «consensos en políticas a largo plazo y que se cumplan, sino es todos los días empezar de nuevo y estamos corriendo siempre atrás de la problemática y no se logra avanzar».
El objetivo es desarrollar construcciones de equipamientos comunitarios y acciones de mejoramiento en barrios populares junto a comunidades en riesgo socio-ambiental, y transformar el entorno urbano. “La Universidad y la Facultad tienen que apostar y co-construir los conocimientos con sus territorios, y además dar una discusión cotidiana con su ciudadanía de cuál es el rol de la misma», indicó Pedro Ferrazini, decano de la Facultad de Arquitectura.
Para este fin destacó la implementación de programas como Argentina Construye, aunque señaló que los «29 mil millones de pesos» destinados a esta iniciativa serán insuficientes para saldar una deuda que es «histórica».
En julio pasado, la Mesa Regional de Barrios Populares, a cargo del relevamiento realizado, había presentado una propuesta concreta de cómo urbanizar los 4500 barrios populares registrados en el país, en un período de 12 años, con una estimación de los recursos necesarios para lograrlo.
