La iniciativa, que podría tratarse en el recinto en dos semanas, establece penas de entre 5 y 15 años para quienes sustraigan a menores de edad para comercializarlos y para quienes entreguen o reciban a niños para fines adoptivos, de forma ilegal. Las sanciones serán mayores si los delitos son cometidos por funcionarios públicos.
Tras tomarle declaración a Laudelina Peña, la jueza federal Cristina Pozzer Penzo imputó a los siete detenidos por la desaparición del menor de cinco años y precisó qué rol tuvo cada uno de ellos en la captación.
Los números son alarmantes y cada día son más las víctimas que sufren este tipo de delito. Los robos se producen en estacionamientos de establecimientos y en la vía pública a punta de pistola. Mirá todos los números.
