El reciente informe publicado por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo comparó los valores del año pasado con los del mismo período de 2019. La mayor cantidad de casos se registraron en la industria manufacturera, seguido por la administración pública, defensa y seguridad social.
Los camaristas a cargo explicaron que los chequeos “se justifican en tanto intentan detectar tempranamente patologías que se relacionan con los riesgos a los que están expuestos los trabajadores en su ámbito laboral”.
Con una movilización frente a la Sindicatura de Riesgos de Trabajo, también denunciaron los “graves incumplimientos” de las ART a sus “obligaciones de prevención, asistencia y tratamiento, y finalmente reparación e indemnización de infortunios laborales”.
Por su parte, desde el Gobierno afirmaron que «los críticos de este decreto no están defendiendo los derechos de los trabajadores, están defendiendo la industria del juicio».
La medida propone que las «Comisiones Médicas Jurisdiccionales» operen como instancia “previa, obligatoria y excluyente de toda otra intervención”. Justificó el decreto al considerar que «esperar los tiempos legislativos» ocasionaría “un importante retraso”.
