Todavía no se han cumplido cuatro años del frenético otoño catalán de 2017, cuando a un referéndum ilegal de autodeterminación, reprimido por la policía, le siguieron unos días caóticos que acabaron con una fallida declaración unilateral de independencia, sus líderes camino de prisión y el presidente regional, Carles Puigdemont, huido a Bélgica.
Pese a la prohibición vigente, 500 personas se congregaron en la iglesia de la Sagrada Familia de Barcelona.
«Aplazar la mesa de negociación es un incumplimiento flagrante del acuerdo y una irresponsabilidad absoluta. Es urgente abrir la vía política», dijeron desde el sector independentista.
El fracaso de las negociaciones para formar gobierno tras los comicios del 28 de abril último, que dieron el triunfo al Partido Socialista (PSOE) del actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, llevaron a España a celebrar sus cuartas elecciones en cuatro años.
Antes de partir de La Moncloa, sede del Ejecutivo en Madrid, Sánchez volvió a pedirle a Torra, por medio de una carta, que condene la violencia de los últimos días «de modo tajante e inequívoco», y que «cumpla sus obligaciones como gobernante».
