La autoridad de aplicación tenía un lapso de noventa días para confeccionar un listado de las distintas categorías de productos alcanzados que se comercializan como parte de la reglamentación que se pondrá en marcha finalmente la semana que viene.
A partir de julio todos los contratos que se celebren tendrán plazos mínimos de contratación por tres años, actualizaciones anuales en base a un índice que promedia inflación y salario, obligatoriedad de inscribirse en el registro de contrato y un sistema de garantía más amplió.
La misma tiene por objetivo contribuir a que el precio de los productos sea transparente y competitivo, en beneficio de los consumidores. De esta manera, se evitarán prácticas comerciales que ocasionen distorsiones en el mercado.
