El ex vicepresidente pidió anular el juicio del caso Ciccone por el que fue condenado a cinco años y medio de prisión debido a que “la sentencia es nula y no hay ninguna prueba”. Dijo que “a un año en el poder” - del Frente de Todos – pensó “que el lawfare no iba a ser así”.
El presidente Alberto Fernández cuestionó la velocidad de los jueces a la hora de investigar el caso del ex vicepresidente y los del ex presidente Mauricio Macri y de "sus adláteres". La abogada Graciana Peñafort adelantó que apelarán la sentencia por estar "totalmente infundada".
El domicilio secreto fue propuesto a las autoridades por los abogados de Báez, quien tuvo que pasar casi dos días nuevamente en la cárcel de Ezeiza luego de que vecinos del country Ayres de Pilar, donde el empresario tiene una casa, le impidieron ingresar a ese barrio cerrado del norte del Gran Buenos Aires.
Así lo decidió la Cámara Federal de Casación sin embargo, el empresario seguirá por el momento en la cárcel de Ezeiza ya que tiene concedida la excarcelación en otra causa penal en la que debe depositar una fianza, explicaron fuentes judiciales.
El ex militar fue condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada.
La decisión fue tomada por el juez federal Daniel Obligado, quien evaluó el riesgo de contagio del detenido ya que Ezeiza es el penal más afectado por la pandemia.
El exmandatario de Colombia está acusado de "fraude procesal" y "soborno", por lo que la Corte Suprema de ese país ordenó la prisión preventiva domiciliaria.
"Me dieron el alta parcial después de 8 días. Me voy a casa a cumplir el resto de una rigurosa cuarentena", expresó el dirigente social en sus redes sociales, tras haber sido hospitalizado por contraer coronavirus.
Los jueces apuntaron que los represores y genocidas se encuentran condenados a prisión perpetua y están detenidos en sectores subpoblados, por lo que sus riesgos ante la pandemia de Covid-19 son menores.
Tiene prisión domiciliaria y habilitación a ejercer su profesión. El Gobierno de Entre Ríos pidió revocar ambas medidas porque carga con prisión preventiva en otra causa, imputado por privación ilegal de la libertad agravada y torturas.
La decisión tuvo lugar luego de un recurso de queja presentado por el fiscal Carlos Altuve y con ella se suspenden las domiciliarias que están en trámite, mientras que las que ya fueron otorgadas seguirán vigentes.
El tribunal de alzada confirmó lo resuelto por la jueza federal Zunilda Niremperger. Se trata, en total, de seis miembros del Ejército y la policía provincial que en su mayoría ya fueron condenados en distintos procesos que tramitaron en la jurisdicción.