El abogado especialista en derecho a la Salud, Pablo Campabadal, junto a Valeria Vaccaro de La Unión de Usuarios y Consumidores explican cuáles son los derechos de las personas que padecen esta enfermedad, cuáles son las obligaciones que las prestadoras de salud deben cumplir, y en caso de negarse a brindar las prestaciones dónde y cómo realizar los reclamos.
Sectores vinculados a la discapacidad enviaron una carta al gobernador Perotti para pedir que en la sesión extraordinaria del próximo jueves se trate un proyecto que obliga a la obra social santafesina a abonar las prestaciones de acuerdo a lo establecido por el nomenclador nacional. Actualmente, IAPOS paga un 40% menos.
Desde la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales manifestaron que desde días pasados se tomó conocimiento de cortes de servicios en distintas prestaciones que realiza la obra social y que hechos como estos se repiten como en años anteriores.
En la entrega de este jueves de Consumidores en acción, las abogadas especializadas en derecho en salud, aseguran que crecieron las demandas judiciales y extrajudiciales ante la negativa de las prestadores de reconocer deteminados tratamientos.
El reclamo es impulsado puntualmente por el incumplimiento de la prestadora de la provincia de Buenos Aires y puso en jaque el sistema de salud en la ciudad de La Plata en donde se vieron afectados cerca de 300 mil afiliados.
La actualización acordada para el 2022, en términos nominales, alcanza un 69%, avanzando así hacia la recuperación demandada por el sector.
Los secretarios generales coincidieron en que los aumentos de precios en los productos de la canasta familiar y servicios generan una fuerte pérdida del poder adquisitivo, mes a mes, en los salarios de los trabajadores y trabajadoras.
La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) de la provincia de Santa Fe adelantó que los inconvenientes están extendidos en “varios departamentos y ciudades” y que “involucra una multiplicidad de servicios”.
El titular de la Asociación de Transportistas Especiales de Santa Fe, Pablo Bolego, denunció que “un puñado de financiadores” recortó las prestaciones del servicio y “ha pagado por debajo de lo establecido por el nomenclador nacional”.
El pedido concreto es de un aumento del 70 por ciento en todas las prestaciones. Si no hay una respuesta favorable al reclamo, ejecutarán un cese de actividades.
A través de un comunicado, informaron que a partir del miércoles pasado los afiliados deberán abonar ciertas prestaciones y explicaron los motivos de la resolución.
El incremento que también incluye a las demás prestaciones de la seguridad social fue publicado este viernes en el Boletín Oficial. La cifra del haber mínimo jubilatorio alcanzará los 9.300 pesos.