La medida «tiene por objetivo, primordialmente, la inmovilización de los bienes inmuebles y/o muebles registrables» de esa firma y la «prohibición de innovar la composición accionaria» sin ser notificada a las autoridades correspondientes.
La indagatoria fue pedida por el juez federal Ariel Lijo, debido a que el ministro de Defensa era el titular de la Cartera de Comunicaciones al momento de que la empresa de la familia de Macri firmara el convenio con el Estado por la quita de una deuda millonaria.
También citó a un grupo de exfuncionarios y directivos del Correo Argentino para que declaren por el acuerdo que aceptaron para reducir la millonaria deuda de la empresa de la familia Macri con el Estado.
Según la acusación fiscal, «se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez»
El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió que la Corte Suprema identifique los teléfonos fijos y móviles que utilizaron desde el 2011 por posible encubrimiento del atentado.
