La iniciativa, que ingresó este miércoles por Mesa de Entradas del Congreso, lleva las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, eleva de tres a cuatro años las penas mínimas, y llega hasta los 25 años de máxima cuando se produjera por lo menos una muerte.
El material, que abarca las intendencias y los contextos históricos desde 1915 hasta la actualidad, se imprimirá a mediados de febrero y se publicará en abril.
La medida amplifica la interna oficialista, en medio de un clima de claro distanciamiento entre el mandatario nacional y su compañera de fórmula en las presidenciales de 2023, con diferencias marcadas e irreconciliables.
Los judiciales apuntaron contra el gobierno de Pullaro al advertir que “terminan ganando concursos personas que fueron desaprobadas”, y alertaron que, cuando los fiscales son investigados por la Legislatura provincial, tienen pocas herramientas para defenderse.
Desde el sindicato que los agrupa señalaron que “esta demora inusitada de más de un año en suscribir dichos decretos, atenta contra la dignidad de los trabajadores y los derechos laborales consagrados en nuestra Constitución Nacional y Provincial.
