La pericia fue ordenada luego de que un empresario mencionado en los textos los hiciera analizar por peritos privados y detectara “gravísimas irregularidades” consistentes en “adulteraciones y tachaduras de nombres, lugares, direcciones y fechas”.
La causa se inició a partir de la confesión de Centeno, quien fue aceptado por el fiscal federal Carlos Stornelli como imputado colaborador (también llamado «arrepentido») en la causa que investiga una supuesta red de pago y cobro de coimas.
Su convocatoria no estaba prevista por las partes, el integrante del Ministerio Público evalúa esa posibilidad de cara al juicio que apunta al manejo de la obra pública.
El fiscal federal también pidió la misma medida para los empresarios investigados aunque no solicitó la prisión de varios de ellos. Junto al fiscal Carlos Rívolo también dijeron que Abal Medina y su secretario son miembros de una asociación ilícita.
Todavía no hay explicación clara de por qué el juez decidió investigar hechos entre 2008 y 2015.
