La nueva titular de la OA viene de ser asesora en materia de derecho constitucional, derechos humanos y género en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El ahora extitular de la OA estaba a cargo de investigar a los funcionarios públicos y hacer un seguimiento de sus declaraciones juradas de bienes.
El plazo terminaba el próximo 31 de julio, pero la Oficina Anticorrupción decidió extenderlo «para permitir a los funcionarios declarantes un adecuado cumplimiento de las exigencias legalmente previstas».
Según el informe del organismo, es evidente el perjuicio ocasionado al patrimonio público como también que varios funcionarios que se vieron envueltos en la materialización del acuerdo.
La máxima autoridad de la Oficina Anticorrupción advirtió que «en las situaciones de emergencia se incrementan los riesgos para el patrimonio público», por lo que es necesario extremar las políticas de transparencia.
