La ola de despidos fue comunicada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y generó la reacción instantánea de las trabajadoras que denunciaron el vaciamiento de las políticas públicas destinadas a combatir la violencia de género.
La iniciativa estipula cuatro líneas de acción: la creación de un registro federal de constructoras, el desarrollo de capacitaciones, la firma de convenios con gobiernos locales y la difusión de campañas de sensibilización que desnaturalicen la masculinización en este rubro de trabajo.
Se desempeñaba como subsecretaría de Políticas de Diversidad, que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Mujeres.
La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad entregó una carta al Presidente y remarcó que el operativo de desalojo del predio resulta «incompatible» con los valores que defiende. Desde la cartera piden garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas detenidas “ante el incumplimiento por parte del Poder Judicial de la legislación vigente y los pactos internacionales”.
«Uno lo va naturalizando y así comunica que es algo que se puede hacer, ahí es cuando corremos un poquito más el límite», lamentó la funcionaria nacional.
