La fiscalía pidió una condena de tres años de prisión en suspenso, el pago de una multa de 200 mil dólares y el decomiso de la casa de San Isidro cuya compra en 2010 no habría podido justificar con sus ingresos.
El ex jefe del Estado Mayor del Ejercito, se lamentó de quienes en las fuerzas armadas miran con beneplácito a proyectos extranjerizantes, e instó a que Argentina se posicione en el mundo con independencia para decidir sobre sus intereses con los bloques mundiales.
El teniente advierte de que los Ejércitos latinoamericanos, incluido el argentino, “siguen siendo muy reaccionarios” y están sometidos a la influencia de Estados Unidos.
El militar fue investigado por los secuestros y torturas sufridos por Pedro y Ramón Olivera en marzo de 1977.
Quien ocupó la mayor jerarquía en el Ejército está siendo juzgado en La Rioja por delitos de lesa humanidad. «Nunca en mi vida torturé, secuestré, ni maté», aseguró.
