La iniciativa establece que quienes tengan una condena con doble conforme por delitos de corrupción no podrán ser candidatos a elecciones nacionales. Hubo otros tres dictámenes.
El diputado nacional de Unión por la Patria por Río Negro declaró que el presidente toma medidas económicas que «favorecen a los empresarios que lo manejan».
A través de un comunicado, la IGJ aseguró que utilizaron como estrategia tomarse vacaciones para no atender a la interventora designada, Norma Cristóbal, con la intención de «imposibilitar la investigación encomendada».
El titular del Ministerio de Justicia dispuso intervenir por 180 días hábiles el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil tras detectar irregularidades contables.
Según comunicó el Ministerio de Justicia, pudieron verificar un «crecimiento exponencial» de los ingresos y egresos del centro «de estudios estratégicos en seguridad», a tal punto que «pasaron en pocos meses de no tener fondos para solventar gastos corrientes a recaudar más de 90 millones de pesos».
