El decreto destaca que, «dada la gravedad de la situación relevada en el organismo penitenciario, es menester mantener, consolidar y profundizar las acciones iniciadas para el reordenamiento integral».
«Tenemos muy pocos móviles. De traslado en este ámbito tenemos ocho, ahora siete. El SPF no tiene un presupuesto tan amplio como para disponer el desperdicio de no cobrar el seguro, por eso vamos a hacer la denuncia y, además, porque es lo que corresponde», justificó la interventora del SPF, María Laura Garrigós de Rébori.
La flamante interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), afirmó que a raíz de la pandemia y las medidas restrictivas impuestas para contener su propagación, hubo «una disminución importantísima de delitos», y negó que por el coronavirus haya habido una liberación masiva de detenidos.
El gobierno nacional decidió intervenir el Servicio Penitenciario Federal luego de que se conociera que se habrían realizados escuchas ilegales sobre detenidos.
La Cámara Nacional de Casación Penal rechazó hoy el pedido de los querellantes para que la causa por la muerte del fiscal llegue al máximo tribunal.
