Uno tuvo como destinatario al presidente español, Pedro Sánchez, otro fue dirigido a la ministra de Defensa, margarita Robles, y otros en instituciones políticas, militares, a una fábrica de armas y, entre otras, a un centro de satélites de la Unión Europea.
Paz Esteban, directora del CNI, era la principal señalada tras destaparse el informe de un grupo de investigadores canadienses sobre el espionaje a más de 60 políticos independentistas, por el que la funcionaria debió comparecer la semana pasada ante el Congreso.
El juez de la Audiencia Nacional española decidió darle ese estatus por el lapso de un mes. Explicó que tal declaración tiene por objetivo “prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación».
La secretaria general del partido opositor, Cuca Gamarra, expuso que ello “pone en cuestión” las instituciones y “la seguridad” que tienen como Estado. Aseguró que el presidente Pedro Sánchez “siempre miente y la opinión pública no le cree”.
Un medio español difundió el chat de un grupo de militares retirados, donde afirmaban que no queda “más remedio que empezar a fusilar a 26 millones” de personas, entre otras expresiones antidemocráticas. Por este motivo, ministra de Defensa de España elevó este contenido a la Justicia.
