Esta medida excepcional, que obliga a los empleados afectados a trabajar bajo pena de sanciones penales, fue aplicada este jueves en una refinería del gigante TotalEnergies, que propone un aumento salarial menor al reclamado.
El vocero de la Canciller alemana, Steffen Seibert, dijo que «es posible interferir en la libertad de expresión, pero según límites definidos por el legislador, y no por la decisión de una dirección de empresa». También se manifestaron en el mismo sentido funcionarios de otros países.
El ministro de Finanzas del país galo expuso que en caso de hacerse la cuestión de la agricultura quede afuera del convenio. Indicó que ningún acuerdo puede avanzar “bajo presión”.
