Más allá del recurso presentado por la defensa del empresario, la Cámara Federal de Casación ratificó las penas de prisión para los acusados.
"Con miras a salvaguardar el correcto ejercicio del derecho de defensa en juicio, es que corresponde ampliar el plazo que prevé el art. 463 del Código Procesal Penal de la Nación", sostiene el escrito del Tribunal Oral Federal (TOF).
Todos los imputados fueron beneficiados con reducciones de sus condenas, entre ellos los dos hijos varones de Báez.
La casa madre de los trabajadores argentinos calificó de “vergonzoso” al veredicto que “se enmarca en una serie de inconsistencias jurídicas donde no se ofrece evidencia de hecho para probar delito alguno sino meras opiniones de los jueces y fiscales de la causa".
Es una instancia no obligatoria previa al veredicto en el juicio en el que se debate el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Lázaro Báez
El defensor de Lázaro Báez advirtió esa situación y pidió una audiencia de "dúplica" para contestarles a los fiscales, pero el Tribunal Oral Federal número dos sólo se la concedió por un tema puntual y rechazó por todos los demás planteos.
El dueño de "Austral Construcciones" enfrenta ahora un pedido de 12 años de prisión, la misma pena que los acusadores reclaman para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Por medio de un comunicado, aseguraron que el juicio oral que la ex presidenta enfrenta por el posible desvío de fondos públicos en favor del empresario Lázaro Báez durante su etapa como mandataria nacional, caso conocido como "Vialidad", representa – en realidad– un intento por proscribirla de la actividad política.
El fiscal Diego Luciani afirmó que funcionó una "asociación ilícita" encabezada por quienes "se desempeñaron como jefes de Estado", al comenzar su alegato en el juicio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros 12 acusados por supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez.
La Corte Suprema desestimó una serie de planteos de la vicepresidenta y otros imputados en la causa por la adjudicación de obra púbica a las empresas de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, con lo que virtualmente avaló la continuidad del juicio oral y público.
Así lo confirmó la Corte Suprema en relación con el pedido formulado por Daniel Pérez Gadín en 2018, cuando ya llevaba dos años y medio detenido en el marco de la causa que investigaba al empresario por lavado de dinero.
El hijo mayor de Lázaro Báez está condenado a nueve años de prisión por lavado de dinero.