mar 04.10.22
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"Lo niego rotundamente. Eso que dice el fallo nunca existió. No tengo nada que ver con lo que dice el juez. Arroyo Salgado debe explicar las mentiras que dijo", aseguró frente a la prensa esta mañana.
El empresario está procesado en una causa que investiga una millonaria evasión en el pago al fisco de un impuesto a la transferencia de los combustibles, entre el 2013 y el 2015.
El juez federal fue confirmado al frente de la causa que investiga la muerte del fiscal, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara un planteo del empleado informático Diego Lagomarsino.
El juez federal Julián Ercolini tomó la decisión en la investigación que lleva adelante por la sospecha de maniobras de lavado de dinero mediante el alquiler de plazas hoteleras. El día, después de las elecciones: 9 de noviembre.
La solicitud la realizaron los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques por el presunto delito de lavado de dinero producto del pago de alquiler de plazas hoteleras a la firma Hotesur a modo de retorno por adjudicación de obras públicas.
Según testigos de la fiscalía nunca lo vieron trabajar con computadoras. Además, se encontraron CD con escuchas en su departamento y hay dudas sobre sus declaraciones.
La Justicia analiza la posibilidad de que la fecha del deceso haya sido el 17 de enero de 2015, y no el 18, el día que fue hallado y la fecha que manejó la investigación hasta ahora.
El juez federal Julián Ercolini resolvió además un embargo por 10.000 millones de pesos. En la misma causa y por los mismos cargos fueron procesados Julio de Vido, José López y Lázaro Baez.
Se trata de la causa en la que fueron denunciados por el Estado nacional durante la gestión del gobierno kirchnerista. La sentencia fue dictada por el juez federal Julián Ercolini
La diputada nacional del GEN hizo la solicitud ante el juez federal Julián Ercolini ante las "evidentes contradicciones" de ambas en relación a si la ex mandataria es o no accionista de la sociedad Hotesur.
El ex secretario de Obras Públicas volvió al Palacio de Justicia de Retiro en el marco de la causa por supuesta existencia de un plan para favorecer a la empresa Austral Construcciones del empresario Lázaro Báez.
El empresario planteó la nulidad de la acusación en su contra por fraude en la obra pública y se distanció de la ex presidenta. Además, reclamó que se hiciera una auditoría de toda la licitación de la obra pública.