La Secretaría de Desarrollo Territorial judicializó 15 casos sobre un universo de 887 auditados. Otros 250 presentaron “irregularidades administrativas”, y la mitad las solucionó.
El bloque “Somos Vida”, que lidera Amalia Granata, denunció que el oficialismo procedió a votar la reforma jubilatoria sin tener los números y, además, advirtió que el sistema tomó su voto como una abstención –pese a no tener autorización del cuerpo– mientras que su intención era votar en contra.
El Gobierno, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, auditó unas 400.000 pensiones por invalidez laboral y detectó irregularidades en el 40% de los casos, por lo que procedería a suspender estas prestaciones.
Autoridades de la cartera sanitaria de la provincia brindaron precisiones sobre la decisión que tomaron contra los empleados del efector público, a partir de una investigación llevada a cabo por Fiscalía de Estado.
El Juzgado Laboral de Rosario determinó que la empresa no presentó las pruebas suficientes para explicar por qué empleó a un trabajador con sucesivos contratos con plazo determinado, por poco menos de dos años, sin que el mismo quede efectivo.
