El gobierno nacional derogó los requisitos que tenían estas empresas express por medio de una resolución en el Boletín Oficial. Fiscales apuntan a que estas herramientas jurídicas sin regulación apoyan y sostienen la actividad delictiva.
Tras investigar los movimientos dinerarios y actividades de sus directivos en 2022, la institución judicial determinó que se trata de «una asociación sin fines lucrativos» a través de la que se desplegaron actividades «presuntamente lícitas en origen» pero que tiene como fin «el sostenimiento económico de una campaña política de proyección nacional».
Se trata de la sociedad Agro G (Agropecuaria del Guayquiraró) SA, que según la IGJ integró junto con «María Amina SA», «4 Leguas SA» y «Arrocera del Guayquiraró SA» el «Fideicomiso Ciego de Administración» en el que delegó la administración de sus bienes mientras fue jefe del Estado.
Tras conocerse la resolución del organismo, el secretario general de la CTA Autónoma, Rodolfo Aguiar, señaló esta tarde que «la IGJ viene a darnos la razón y a confirmar que Hidden Lake es una pantalla jurídica diseñada por Lewis para comprar tierras en zona de frontera y disimular su patrimonio millonario».
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial hizo lugar hoy a un pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ) debido a las irregularidades en la empresa de Lázaro Baez.
