La Federación de Inquilinos pidió que se prorroguen todos los contratos de alquiler para “enfrentar la especulación y el golpe de mercado que están dando las inmobiliarias”.
Los senadores de Juntos por el Cambio propusieron darle “celeridad” a la aprobación, por su lado el oficialismo manifestó su disconformidad con la media sanción y convocó trabajar en un dictamen de consenso e invitar inquilinos y propietarios a exponer su posición.
En esta oportunidad Gisela Gentile y Alejandro Maidana dialogaron con Ariel D'Orazio, integrante de la Concejalía Popular e incansable luchador por los derechos de quienes alquilan.
En la sesión especial convocada por Juntos por el Cambio, eliminaron el tope en el aumento de los alquileres, bajaron de 3 a 2 años la duración de los contratos, y de 12 a 4 meses su actualización en base a un índice pactado entre las partes. El nuevo texto fue girado al Senado para su tratamiento.
La oposición busca que los contratos de alquiler vuelvan a ser de dos años (actualmente son de tres) y que los montos de la renta ya no se actualicen de forma anual, sino que el ajuste sea trimestral, semestral o según el plazo acordado entre inquilinos e inmobiliarias o propietarios.
Organismos como la Concejalía Popular e Inquilinos Agrupados, a través de Nire Roldán, Ariel D'Orazio y Sebastián Artola, indicaron que la Ley de Alquileres logró poner un tope a los aumentos desmedidos de la renta. Por este motivo, rechazan las modificaciones a la legislación que impulsa Juntos por el Cambio -que apunta a que los contratos duren dos años y las actualizaciones sean trimestrales o semestrales-, las cuales entienden que están al servicio del mercado inmobiliario.
Un relevamiento de la organización Inquilinos Agrupados Rosario indicó que el alquiler promedio de la ciudad fue de $60.000. De los relevados, 60% son trabajadores en relación de dependencia, un 30% está conformado por monotributistas, autónomos y cuentapropistas, y el 10% restante por jubilados.
La iniciativa forma parte de las políticas desarrolladas a través del Centro de Asesoramiento Social en Alquileres con el fin de ayudar a solventar gastos iniciales de un nuevo contrato.
Con una disertación el el Aula Magna de la Facultad de Derecho, este miércoles, funcionarios provinciales, docentes, referentes civiles y autoridades locales intercambiaron miradas sobre una problemática que afecta a más de la mitad de los rosarinos que viven en edificios.
Concejales y asociaciones de inquilinos se reunieron en el Concejo Municipal con el objetivo de conformar un equipo de trabajo para mejorar las condiciones en los alquileres y afirmaron que la ley nacional de alquileres "sigue vigente".
En lo que va del año, la Oficina de Defensa del Consumidor de Rosario recibió 200 denuncias contra administradoras de consorcio por incorrectas liquidaciones de expensas, falta de convocatoria a asambleas, poca o nula discusión de obras y la no realización de aportes patronales a los encargados.
Señalan que las grandes perjudicadas con la norma actual “son las inmobiliarias” y afirman que es necesario una política del gobierno “para motorizar la oferta de inmuebles en alquiler”. Además, remarcan que es "la situación económica" la que complica a quienes alquilan.