Las diputadas Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta, ambas del oficialismo, denunciaron que en el encuentro que mantuvieron con genocidas en el penal de Ezeiza el represor Raúl Guglielminetti le entregó al legislador Beltrán Benedit un proyecto de ley escrito a mano para permitir que los condenados por delitos de lesa humanidad accedan a la prisión domiciliaria.
Las versiones en torno a la posible liberación de genocidas detenidos por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar fueron también rechazadas por el ministro de Defensa, Luis Petri, quien aseguró esta semana que el tema «no está en la agenda del Gobierno».
Lo hizo al confirmar las condenas impuestas a 19 represores por crímenes cometidos en perjuicio de 105 víctimas en los centros clandestinos de detención (CCD) «La Escuelita», el Batallón de Comunicaciones 181, Unidad Penitenciaria N° 4, Delegación de Viedma de la Policía Federal, Unidad Penitenciaria N° 9 y «la Escuelita» de Neuquén.
Novak, de 46 años y ex ministra de Asuntos de Familia, se había convertido en la primera mujer en acceder al poder de este país europeo, donde tiene un rol principalmente protocolar.
El presidente Alberto Fernández sostuvo este miércoles que la Constitución Nacional le prohíbe tomar esa decisión en el caso de la dirigente social y señaló que quien tiene esa potestad es el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.
