En el marco de la segunda jornada de debate de la Ley de Bases, cientos de efectivos de diversas fuerzas de seguridad cargaron contra la manifestantes, incluso los que estaban sobre la vereda, con camiones hidrantes, palos, balas de goma y gases lacrimógenos. Ante este escenario la oposición se retiró de la Cámara de Diputados y se negó a seguir debatiendo.
Encabezados por Marcelo Piñeyro, Albertina Carri, Valentina Bassi, Nancy Dupláa y Claudia Piñeiro, se pronunciaron en contra del proyecto que deroga los fondos para la radio y televisión comunitaria, recorta los fondos de organismos culturales y admite la posibilidad de privatizar o liquidar las empresas públicas de medios.
El último Boletín Epidemiológico Nacional había indicado que eran cinco las personas que murieron pero, horas después, Córdoba informó dos decesos más.
Luego de reuniones, y tras los cambios, finalmente la Unión Cívica Radical y Hacemos Coalición Federal decidieron acompañar el proyecto del Ejecutivo. "Desde el conjunto del radicalismo daremos quórum para habilitar el debate parlamentario de la ley ómnibus mañana y acompañaremos en general la Ley", comunicó el presidente del bloque radical, Federico De Loredo.
Lo hizo al derogar una norma que regía desde 2019 por la cual los colegios privados debían comunicar sus estructuras de costos a la Secretaría de Comercio y en función de un análisis de esta dependencia se permitían los aumentos.
Para acelerar el tratamiento de la Ley de Bases en el Congreso, el gobierno de Javier Milei decidió quitar del proyecto el capítulo que incluía reformas fiscales, al considerar que era el que más resistencia presentaba dentro de la oposición. Sin embargo, el vocero presidencial confirmó que este cambio provocará un ajuste en las partidas que Nación destina a las provincias.
Luego de que funcionarios santafesinos aseguraran que la provincia no tiene dinero para afrontar la paritaria estatal acordada con el gobierno anterior, el exministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, aseguró que al 30 de noviembre del año pasado había fondos para pagar “dos masas salariales”, y destacó: “Dejamos los recursos para cumplir acuerdos que legalmente no se pueden desconocer”.
La Secretaría de Trabajo de la Nación apeló un fallo de la jueza Liliana Rodríguez Fernández que dejaba sin efecto algunas reformas laborales includas en el DNU. En la presentación, el Gobierno Nacional consideró que “el derecho a huelga ha quedado en las últimas décadas convertido en una instancia de violencia, de irrespetuosidad al derecho de otros”.
Esta controvertida declaración, realizada durante una entrevista con la periodista Patricia Janiot en una cadena internacional de noticias, provocó una reacción inmediata por parte del Gobierno colombiano.
El Director del Instituto Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, quien fundamentó que esto es así porque "en la madrugada del 24 de enero con la firma del dictamen en blanco, hubo un 61% de los diputados que firmaron a favor, incluyendo disidencias".
La funcionaria, Diana Mondino, negó que exista una crisis en el Gabinete y argumentó que el Gobierno necesita "coordinación" para que "la famosa frase 'no hay plata' quede bien clara en todos los casos".
Tras la remoción de Guillermo Ferraro como ministro de Infraestructura, esta cartera, que maneja áreas como obras públicas, transporte y minería, pasará a ser una secretaría dentro del Ministerio de Economía.