“Pedimos que se establezca que 30 días es un período de tiempo razonable después de la emisión de la sentencia para iniciar los procedimientos de embargo. Argentina no tiene intención de pagar el fallo”, expresaron los abogados del fondo buitre Burford en un documento enviado a la jueza estadounidense Loretta Preska.
Si el caso avanzaba el país podía verse obligado a tener que abonar una suma cercana a los 3.000 millones de dólares.
Se trata del fondo Bainbridge de la firma Duane Morris con sede en Bahamas que ingresó una demanda en la que alega tener títulos impagos de 1992 y 1993. Y reclamó aplicación del «tratamiento igualitario» con el resto de los acreedores.
