La dirigenta social sufrió estos hechos minutos después de haber denunciado en televisión que se desfinanciaron las obras de urbanización en los barrios populares. A la par -dijo- se produjo un avance del narcotráfico en estos territorios, producto de la crisis socioeconómica.
Un convenio firmado este martes entre la Oficina de Defensa del Consumidor y la Secretaria de Integración Socio Urbana, apuntó también a establecer un control de precios sobre los materiales de construcción que las empresas venden a las beneficiarias del programa “Mí Pieza”, para evitar prácticas abusivas.
El barrio de la zona noroeste rosarina será uno de los primeros trece distritos del país en donde se pondrá en marcha el programa previsto por la ley de Barrios Populares, sancionada en 2017.
