Las irregularidades fueron detectadas por la Afip, que no pudo encontrar constancia de los presuntos trabajos de «consultoría» que el economista le facturó durante años a Provincia Seguros. Tampoco figuran registros que permitan identificar otro tipo de contraprestación de servicios.
Están acusados de utilizar facturas apócrifas para cobrarle al Estado exportaciones que no se realizaron por un monto que supera los 140 millones de dólares.
La mujer tenía un pedido de detención que había sido librado por el juez Vera Barros. Se presentó espontáneamente y se dispuso que quedara alojada en sede de Gendarmería Nacional. Esta tarde fue sometida a indagatoria junto a otra apresada ayer en una serie de allanamientos.
Adrián Zeballos, uno de los supuestos integrantes de la organización, presentó declaración ante el juez Vera Barros, quien decidió la detención por la emisión de unas 6.500 facturas apócrifas.
