Microsoft, el New York Times, la BBC e Intel, entre otras compañías, conformaron la Coalición para la Procedencia y la Autenticidad del Contenido. El impulso para su formación fue ejecutado por Bill Gates.
Un abogado de Chicago, Jay Edelson, demandó a la red social en 2015 y alegó que recopilaba ilegalmente datos biométricos para identificar rostros, violando una ley de privacidad de Illinois de 2008.
Centenares de miles de ciudadanos salen casi a diario a las calles para reclamar la liberación de Aung San Suu Kyi, la ex jefa de hecho del Gobierno civil y de la restauración de la democracia.
El ministro de Finanzas australiano, Josh Frydenberg, y el director general de Facebook Australia, Will Easton, afirmaron que alcanzaron un arreglo sobre uno de los puntos claves de la ley destinada a obligar a los gigantes tecnológicos a pagar a los medios de comunicación por sus contenidos.
Las ONGs como la Organización de la Sociedad Civil de Myanmar y Amnistía Internacional denunciaron que el Gobierno de facto no solo bloqueó las redes sociales, sino también la conectividad a Internet a través de teléfonos celulares.
Las autoridades indicaron en un comunicado que plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, VKontakte y Odnokassniki, además de YouTube, entre otras, serán alcanzadas por la medida.
La marca multinacional de soportes le entregó a la red social ventajas en las subastas de publicidad programática a cambio de que esta no sacara una herramienta que compita con las suyas.
Una mujer encontró que el vehículo que le habían robado estaba publicado a la venta. Tras su denuncia, se pactó una entrega controlada que derivó en un allanamiento que reveló la existencia del desarmadero.
La vocera de la Cancillería, Maria Zajarova expuso a través de Facebook que con la medida tomada por las compañías digitales "se dio un golpe a los valores democráticos declarados por los países occidentales".
Twitter suspendió 70.000 cuentas asociadas a un movimiento a favor de Trump
La plataforma propiedad de Google suspendió por "al menos siete días" la cuenta del presidente estadounidense y explicó que "dada la preocupación sobre el actual riesgo de violencia", suprimieron el nuevo contenido publicado en el canal "por violación" de sus políticas.
El vocero de la Canciller alemana, Steffen Seibert, dijo que "es posible interferir en la libertad de expresión, pero según límites definidos por el legislador, y no por la decisión de una dirección de empresa". También se manifestaron en el mismo sentido funcionarios de otros países.