El empresario Fabián De Sousa (uno de los accionistas de Indalo) relató que en 2013 habían adquirido la concesión de la autopista Ezeiza-Cañuelas a una firma española y que tres años más tarde el entonces director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, promovió la revocatoria de la concesión.
Ambos empresarios habían presentado seguros de caución para cubrir la fianza de 60 millones de pesos que le fijó el juez federal.
Los empresarios fueron favorecidos por un fallo en una causa paralela en la que se investigaba una supuesta venta fraudulenta de su grupo empresario, pese a la prohibición para hacerlo.
Lo estableció un fallo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien también benefició en esa decisión a Ignacio Rosner y Enrique Dellatorre Balestra.
El juez dio por cerrada la investigación y remitió el expediente a un tribunal oral para juzgar a los tres implicados, de los cuales los empresarios están con prisión preventiva.
