Antes del estallido de violencia, más de un tercio de los 45 millones de habitantes de Sudán, uno de los países más pobres del mundo, dependían de la ayuda humanitaria que fue suspendida tras la muerte de tres empleados que trabajaban para esa agencia de las Naciones Unidas.
La decisión produjo malestar tanto en la Fiscalía a cargo de Marcelo Rapoport, como en la parte querellante representada por miembros del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim).
La modalidad adoptada busca evitar el traslado de los imputados hasta Tierra del Fuego y la posibilidad de que se produzcan postergaciones debido a que los citados argumenten no poder viajar por múltiples motivos.
«Es un paso importante que a 37 años de la guerra, por primera vez los militares acusados de haber cometido torturas van a tener que dar explicaciones ante la justicia», expresó el abogado que representa a los ex combatientes.
Se trata del ex militar de inteligencia Jorge Fariña y del ex jefe del Batallón 121 de Arsenales de Fray Luis Beltrán, Rubén Cervera, y del ex policía provincial y personal civil de inteligencia, Rodolfo Isach.
