El ex hombre fuerte del espionaje pidió tomar conocimiento del expediente bajo el argumento de que el principal imputado, Fernando Sabag Montiel, buscó su nombre en internet.
El abogado Luis Tagliapietra los denunció "por posible participación en los delitos de violación de los deberes de funcionario público, cohecho agravado, negociaciones incompatibles con sus cargos y prevaricato"
El juez Román Parodi está subrogando el juzgado de María Eugenia Maztegui, la magistrada que inicialmente había pedido la prisión preventiva de los gremialistas y después licencia por estrés.
Hasta ahora se han encontrado objetivos en todo el mundo: desde India y Uganda hasta México y Cisjordania, con víctimas de alto perfil, incluidos funcionarios estadounidenses y un periodista del New York Times.
Se trata de la firma NSO Group que dijo estar “consternada” por la decisión del Departamento de Comercio del país norteamericano de incluirla en sus registros de empresas prohibidas. El programa permitió espiar a políticos, periodistas, activistas o líderes empresariales de varios países del mundo.
La canciller alemana habría sido espiados desde 2012 a 2014 por Washington a través de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), con ayuda de Dinamarca.
La denuncia se basa en una serie de diálogos que mantuvieron por WhatsApp los espías Leandro Araque y Facundo Melo. El abogado de Moyano, Daniel Llermanos, habría sido el intermediario entre los espías y el líder camionero.
El juez federal Juan Pablo Auge tiene previsto concluir hoy las declaraciones indagatorias de los detenidos en la causa por espionaje ilegal a políticos, periodistas y empresarios, entre otras víctimas. También debe resolver si acepta el pedido para citar como acusados a los ex responsables de la AFI en el gobierno de Mauricio Macri,
El pedido se hizo ante el juez del caso, Juan Pablo Auge, quien deberá decidir si lo acepta y fija fecha para escuchar a ambos ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri en calidad de acusados.
Este lunes, la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presentará al juzgado las pruebas encontradas en el organismo, que incluyen carpetas con fichas detalladas sobre la vida de la más de 500 personas espiadas, entre ellos cientos de trabajadores de prensa.
La medida fue comunicada a los jueces y fiscales con competencia penal de todas las jurisdicciones, así como a la Corte Suprema y a la Procuración General, para que "apliquen de forma restrictiva la facultad de requerir la intervención" de la agencia.
Ali Alzabarah y Ahmad Abouammo obtuvieron información sobre ciudadanos estadounidenses y disidentes sauditas que se oponían a las políticas del reino y sus líderes, explicó la acusación formalizada ayer por el Departamento de Justicia norteamericano.