La UTE y la Ademys cumplieron este miércoles la tercera jornada consecutiva de paro general en rechazo de la decisión del Gobierno porteño de regresar a la presencialidad en las escuelas, a pesar del decreto presidencial que suspendió esa modalidad por 15 días.
Como respuesta a la presentación de la Asociación Empleados de Comercio de Rosario, la jueza Paula Verónica Calace Vigo decidió “reinstalar” en su puesto de trabajo a la demandante que fue “obligada a facturar servicios como monotributista”.
Un decreto presidencial prohibió a inicios de abril los despidos por dos meses, por lo que alegan trabajadores de la firma representaría una infracción a la ley vigente.
Después de la grosera medida de la empresa Techint de procurar despedir a unos 1.500 trabajadores en medio de la crisis, algunos dirigentes indicaron que “tendría que haber mayor intervención del Estado”, que esto ayuda a que “no haya desbordes sociales” y que “no podía esperarse otra cosa de un gobierno peronista”, entre otras consideraciones.
En junio del año pasado el Gobierno implementó una política similar al decretar la instrumentación de un fondo de 4.500 millones de pesos para las obras sociales de los gremios luego de negociar con el ala menos combativa de la CGT.
